Mejor tarde que nunca

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MEJOR TARDE QUE NUNCA

El pasado 3 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) español vulnera el Derecho comunitario porque discrimina a los no residentes (asunto C-127/12).

MEJOR TARDE QUE NUNCAEl TJUE estima que no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente que pueda respaldar una diferencia de trato. En consecuencia, dictamina que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado de la Unión Europea. Hasta aquí, nihil novum sub sole.

Conviene recordar que no es la primera vez que el TJUE declara contraria a Derecho la normativa española aplicable a los no residentes; recuérdese la Sentencia de 6 de octubre de 2009, en la que se condenó a España por otorgar un trato discriminatorio a los no residentes que se veían obligados a pagar un 35% sobre ganancias patrimoniales frente al 15% que pagaban los residentes.

¿Debe sorprendernos esta decisión del TJUE? Pues no debería, porque hace casi 7 años que la Comisión Europea envió el primer requerimiento a España en el que advertía de la posible incompatibilidad de algunos aspectos de la legislación estatal del ISD. Lo que sí parece sorprendente, es que hasta la fecha no se haya realizado actuación alguna tendente a erradicar o paliar de alguna forma esa discriminación…

¿Y ahora qué va a ocurrir? Por una parte, vamos a asistir en los próximos meses a una oleada de solicitudes de devolución de ingresos indebidos por parte de aquellos no residentes que pagaron un ISD superior al que les correspondía. Si el ejercicio está prescrito, podrán exigir responsabilidad patrimonial al Estado. Mala noticia para las arcas públicas en estos “tiempos recios”. Toca recoger ahora el fruto de la política del “sostenello y no enmendallo” de los últimos Gobiernos, en lo relativo al ISD.

Por otro lado, el Estado deberá modificar el ISD. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular presentó el pasado 25 de septiembre en el Congreso una enmienda al texto del proyecto de reforma del IRPF, para modificar la Ley del ISD a resultas de la Sentencia del TJUE. El resumen del contenido de la enmienda es el siguiente: a los no residentes en España que sean residentes en otro Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo (EEE), les resultará de aplicación al liquidar el ISD la normativa autonómica, en lugar de la normativa estatal como ocurría hasta ahora.

Si este nuevo texto se aprueba, ¿se termina con la discriminación? Mucho me temo que la respuesta no está clara por los siguientes motivos:

Primero. Cabría entender que la nueva redacción propuesta para la Ley del ISD establece dos categorías de no residentes con dos normativas aplicables distintas: residentes en Estados miembros de la UE o del EEE: normativa autonómica; residentes en Estados distintos de los anteriores: normativa estatal.

¿Esto no sería generar una nueva discriminación? ¿No podríamos entender aplicable la Sentencia del TJUE a residentes de terceros países? No olvidemos que el TJUE en su Sentencia de 17 de octubre de 2013 (asunto C-181/12), en un asunto similar al español, consideró que la normativa de Alemania dispensaba peor trato fiscal en una herencia de un inmueble sito en Alemania a un heredero residente en Suiza. Aviso a navegantes: Suiza no es miembro de la UE ni del EEE.

Segundo. ¿No se estaría trasladando a los no residentes la desigualdad fiscal existente entre los residentes? ¿No se podría entender contrario al artículo 31 de la Constitución que un mismo hecho imponible tribute de forma distinta en función de la Comunidad Autónoma donde se localice?

Un padre dona una cantidad de dinero a su hijo. ¿Por qué tiene que pagar más ISD un hijo gallego que un hijo valenciano? ¿No vulnera esto el principio de igualdad en el ámbito tributario?

Tercero. Obligaciones formales. La enmienda establece como obligatoria la autoliquidación del ISD para los no residentes. Actualmente, el artículo 34.4 de la Ley del ISD establece el régimen obligatorio de autoliquidación solo en 11 Comunidades Autónomas. Es decir, en Madrid o Navarra, por ejemplo, nos encontraríamos con una obligación formal distinta en función de que se sea residente o no residente.

Un residente podría optar por la autoliquidación o por solicitar una liquidación administrativa; en cambio, un no residente sólo podría autoliquidar el ISD. Con ello, ¿no se estaría creando también una discriminación de trato en las obligaciones formales entre residentes y no residentes en seis de las Comunidades Autónomas?

En definitiva, ya que el TJUE ha obligado al Estado español a modificar su normativa sobre sucesiones y donaciones, qué mejor ocasión que esta para abordar otros aspectos de nuestro ISD y hacerle un buen lavado de cara en lugar de poner parches. Confiemos en el legislador. Mejor tarde que nunca.

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